Jan Soto, El Nuevo Día, 30 de enero de 2024 – 10:30 PM.
El miércoles, 17 de enero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos atendió argumentos en el caso Loper Bright Enterprises v. Raimondo, el cual podría tener implicaciones en el desembolso futuro de ayudas de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y también para los beneficiarios de Medicare y Medicaid.
El referido caso se originó a raíz de una orden de la National Marine Fisheries Service, que impuso a un grupo de pescadores la obligación de ceder el 20% de sus ingresos para pagar los salarios de empleados federales. Los pescadores demandaron a la agencia, alegando que el Congreso no le otorgó autoridad para ello. Los tribunales inferiores respaldaron la posición de la agencia, invocando la doctrina Chevron, una deferencia que otorga amplia autoridad a las agencias gubernamentales al interpretar la ley.
Hoy juristas coinciden que las ramas gubernamentales, con excepción del ejecutivo federal, parecen estar dispuestas a eliminar la deferencia del canon jurídico. Ya casi una cuarta parte de los estados han debilitado o rechazado normas de deferencia similares. Mientras, la Cámara de Representantes Federal, compareciendo al caso como amigo de la corte, rechazó rotundamente que las agencias tengan autoridad para llenar espacios en los que el Congreso ha guardado silencio. Además, los jueces miembros del Tribunal Supremo cuestionaron reiteradamente la validez de la doctrina judicial.
Los beneficiarios de los programas Medicare y Medicaid pudieran igualmente verse afectados ya que tendrían que presentar sus reclamos en gran parte mediante litigios en el tribunal, cuyos costos serían mayores que el proceso actual de quejas. La Sociedad Americana del Cáncer ha advertido que la anulación de la doctrina Chevron produciría un “tsunami de litigios” que pondría fin a décadas de normativas de salud pública, particularmente aquellas relacionadas a gastos médicos.
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