Por: Oscar J. Serrano, Noticel, Feb 26, 2024 04:45 AM.
La Asociación de Productos de Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA en inglés) pidió auxilio al tribunal federal mediante una demanda el viernes pasado en la que buscan una determinación de que el gobierno de Puerto Rico, mediante la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS), no puede investigarlos ni multarlos por cómo le pagan a los médicos y proveedores de servicio ni otros asuntos relativos al contrato que tienen con estos.
La solicitud de esta asociación ocurre después de que en varios casos a nivel local, incluyendo un caso ante el Tribunal Supremo, se concluyera que pueden ser objeto de fiscalización por parte de la OCS en cumplimiento de la Ley para el Pago Puntual de Reclamaciones a Proveedores de Servicios de Salud.
Más recientemente, en noviembre de 2023, el Tribunal de Apelaciones validó una multa de $5,000 que la OCS impuso a Triple S Salud y Triple S Advantage porque estos ignoraron requerimientos de información que ese regulador le hizo con relación a una pesquisa bajo la Ley de Pago Puntual. De igual manera, a fines del año pasado el regulador impuso una multa de $50,000 Triple S Salud por condicionar el pago de reclamaciones de sus proveedores a que cumplan con un proceso de apelación interno que el regulador calificó como “nefasto” y que viola la Ley para el Pago Puntual.
En la demanda, la MMAP no divulga la lista de sus miembros, pero la membresía está integrada por First Medical, Humana, MCS, MMM/PMC, Plan de Salud Menonita y Triple S Advantage.
El recurso lo presentó el cabildero y exsenador Roberto Prats Palerm. Los argumentos se sostienen principalmente en decisiones que ha tomado en otros casos el Tribunal Federal, y el Primer Circuito de Apelaciones de Boston, que, a la interpretación de los demandantes, tienen el efecto de concluir que la Ley para el Pago Puntual y la fiscalización relacionado violentan la ley federal que regular los planes Medicare Advantage. Específicamente, argumentan que la ley federal ocupa el campo y no permite espacio para la actuación del gobierno estatal.
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